“Muchas administraciones han recurrido a la deuda y están en manos de sus acreedores”

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Xabin Zubiri es miembro de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, que en Gipuzkoa inició sus actividades hace más de un año. Entre otros aspectos, promueven un debate sobre Anoeta y el uso de dinero público para su remodelación. «Debe ser la ciudadanía quien decida si prefiere mejores estadios o mejores hospitales, por ejemplo».

 

Para activistas como Xabin Zubiri, el concepto de deuda no es algo nuevo. Sucede que hasta hace poco trabajaban exclusivamente la deuda contraída por los países del Sur y la responsabilidad que tenían los del Norte en cuanto a la condonación de la misma.

Sin embargo, con la crisis, el escenario ha cambiado y han surgido colectivos como la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, de la que él es miembro y que forma parte de una red estatal e internacional que tiene como fin auditar de manera ciudadana la deuda tanto pública como privada que tienen ahora mismo las sociedades industrializadas; una deuda que, según Zubiri, «está condicionando de manera importante la vida de muchas personas y las políticas sociales».

Surgida a partir de distintos colectivos del 15M, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda en la que participa Xabin Zubiri comenzó sus actividades en Gipuzkoa hace algo más de un año. Difunden información, organizan charlas y tienen conversaciones con diferentes administraciones guipuzcoanas, de cara a promover la transparencia respecto a la deuda que contraen.

El último “barrizal” en el que se han metido ha sido el caso de la financiación pública para la remodelación de Anoeta. A comienzos de verano organizaron en Donostia una charla sobre el tema y tienen pensado abrir un debate público en el que puedan participar todas las partes implicadas para explicar, desde la transparencia, sus posturas.

 

Hablemos primero un poco del tema que se trató en la charla sobre “Deuda y burbuja del fútbol profesional”. En el cartel anunciador hablaban de fraude fiscal, deudas, subvenciones, pelotazos urbanísticos… ¿Es tan escandalosa la relación entre la deuda y el fútbol profesional?

El fútbol profesional es un ámbito que mueve muchísimo dinero: ahí están los sueldos que cobran los jugadores en relación con otros sectores económicos o las subvenciones públicas que reciben los clubes. A veces también hay mecanismos encubiertos; de cesión de infraestructuras públicas a precios irrisorios, como ha pasado con Anoeta. Hay casos sonados de evasión de impuestos. Y un montón de recursos públicos que podrían utilizarse en sectores públicos en los que se está recortando se están encauzando hacia los clubes de fútbol que, por otro lado, deben mucho dinero a la Hacienda pública, cuando no se les ha cancelado dicha deuda.

 

Pareciera que a la ciudadanía en general Hacienda no le pasase ni una, mientras que los clubes de fútbol campan a sus anchas respecto a su responsabilidad para con el fisco.

Durante muchos años han tenido un trato privilegiado, han sido un sector intocable. Por sus apoyos, sus aficiones etc. se les ha considerado grandes instituciones, así que han negociado a la carta.

 

Aquí ahora mismo está al pil pil el tema de la remodelación de Anoeta, aunque de momento se ha conseguido parar el proyecto.

Cuando organizamos la charla queríamos darle un punto de actualidad. Por eso nos centramos en el tema de Anoeta, en la posible utilización de dinero público para su remodelación, a pesar de que ha habido situaciones de evasión de impuestos y otro tipo de mecanismos de patrocinio. Como decías, de momento el proyecto de remodelación se ha tumbado, pero eso no quiere decir que no vayan a seguir adelante en su empeño. De hecho, dicen que alguna reforma esperan hacer.

 

¿Hay conciencia entre la ciudadanía de lo que supone que las administraciones públicas financien este tipo de proyectos?

La verdad es que los mecanismos que se utilizan son opacos: no se sabe lo que aportan los clubes y temas como los patrocinios tampoco están claros. Habrá un sector social que sí apoyará este respaldo público, pero nosotros creemos que debe haber un debate ciudadano, sobre todo en lo que tiene que ver con la transparencia a la hora de explicar los proyectos, los mecanismos, las cantidades a desembolsar, etc. El debate público que queremos promover en el caso de Anoeta es precisamente para que cada parte explique su postura y que, en base a la transparencia, la ciudadanía sea quien decida si prefiere mejores estadios o mejores hospitales, por ejemplo.

 

Para ustedes esta desinformación ciudadana ha devenido en la instauración de un sistema que han bautizado con el nombre de “deudocracia”. ¿En qué consiste?

Bien por despilfarros, bien por la falta de un sistema fiscal justo que pueda financiar los servicios públicos necesarios, se ha visto que muchas administraciones públicas han recurrido a la deuda y ahora están en manos de sus acreedores. En los últimos años la deuda ha crecido mucho y todo lo que se ha recortado ha sido justificado en base a ella. Se han puesto en marcha políticas públicas basadas en esa deuda y sin un debate ciudadano abierto, que tal vez no hubiese resuelto las cosas de esa manera. Nosotros estamos promoviendo también que se informe sobre los tipos de interés a los que se está pagando esa deuda. Porque sabemos que el Banco Central Europeo da crédito a las administraciones a un interés muy bajo, como del 1%, y aun así están yendo a otros bancos. Y lo que se podrían ahorrar de esta manera podría encauzarse a políticas sociales y demás.

 

Entonces, ¿los bancos son los acreedores exclusivos de la deuda?

Hay tanto deuda pública como privada, y los mayores acreedores en ambas son los bancos, sí, que, a su vez, se endeudan con bancos extranjeros. Luego, en menor medida, estarían otros inversores.

 

En un gráfico que aparece en la web de la Plataforma se muestra que, de mayor a menor, quienes más deuda contraen son las empresas (dentro de las que estaría la banca), las familias y por último la administración. Sin embargo, parece que están siendo las familias a las que les está tocando asumir su propia deuda y también la de otros.

Miles de millones se han empleado en pagar las deudas de los bancos, sus malas prácticas especulativas. Se ha optado por este rescate en vez de hacerlo con las familias con problemas, las que están siendo desahuciadas, etc. En muchos países se ha tomado esta segunda opción, pero aquí solo se ha cubierto a los bancos. Así que la ciudadanía está pagando por partida doble: como particular y para la deuda de los bancos, cuando al rescatar personas también se hubiese rescatado al sector bancario, aunque de manera muy diferente; salvando primero a las personas.

 

Ésa es un poco la perversión del sistema. La gente paga como particular la deuda que ya tiene contraída, asume también la deuda de otros sectores y, encima, se le recortan servicios públicos.

Es ahí donde conectan deuda pública y privada. La gente está privadamente endeudada y el sector público utiliza el dinero público para rescatar a los bancos. No toda la deuda que tiene el sector público se enfoca a los bancos, pero es una gran parte.

 

Y no sabemos en qué se está invirtiendo la deuda que contraen las administraciones…

Ahora se sabe un poco más. Antes los rescates bancarios eran opacos para que la ciudadanía no fuera consciente de lo que se estaba haciendo.

 

Uno de sus objetivos como plataforma es precisamente realizar una auditoría ciudadana de las cuentas. ¿Cómo se hace esto?

Ha habido países como Islandia o Ecuador que han hecho auditorías generales en el país. Nosotros lo que intentamos de momento es promover el debate, la transparencia y la conciencia ciudadana, intentando señalar aspectos concretos. Hay que tener en cuenta que no somos especialistas, no somos auditores profesionales; somos gente de distintas procedencias que quiere promover este debate.

 

De momento, entonces, será difícil que pueda realizarse la auditoría.

De alguna manera ya se está fiscalizando. Como movimiento social, desde el momento en que estás pidiendo cuentas de dónde se mete el dinero etc. estás haciendo una labor de control. En Islandia y Ecuador se implicaron sector público, auditores, ciudadanía… Participó toda la sociedad directamente.

 

Depende en gran parte de la voluntad política. ¿Creen que aquí podría implicarse el sector público?

La deuda ha cogido unas dimensiones enormes, y ahora hay mayor sensibilidad ciudadana al respecto, más conciencia. Se está más vigilante ante las trampas y la opacidad. En esta situación social y económica sería factible hacer la auditoría. De hecho, como decía antes, el nivel de información que están obligados a dar y lo que se está fiscalizando es mucho mayor. Algunos cambios se están dando; eso está claro.

 

Entonces, en el mismo nivel de la voluntad política habría que poner una ciudadanía activa.

Eso sin duda. Cómo se comporte la ciudadanía influirá directamente en la salida que se dé a esta situación.

 




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