Comisión de Investigación sobre el acoso laboral en el Ayuntamiento de Errenteria

CUATRO SENTENCIAS DICEN QUE HUBO MOBBING EN EL CONSISTORIO

El pleno del Ayuntamiento de Errenteria decidió a finales de octubre crear una Comisión de Investigación para aclarar las circunstancias que han provocado en los últimos años accidentes de trabajo, reconocidos como tal en sentencia firme, a cuatro miembros de la plantilla municipal.

La moción presentada por el grupo de no adscritos (la izquierda abertzale), Ezker Batua-Berdeak, PNV y Hamaikabat fue aprobada con la unanimidad de todos los partidos en el Consistorio, por lo que en fechas próximas deberá conformarse ese órgano de trabajo, en el que tomarán parte el alcalde (queda por determinar si será él quien presida la comisión) y los portavoces de los partidos.

Las personas afectadas son una trabajadora de la Guardia Municipal, un técnico del Departamento de Urbanismo, el responsable de Mantenimiento Urbano y el responsable de Protección Civil. A los tres primeros les ha sido concedida ya una incapacidad para ejercer su trabajo y el cuarto se encuentra en este momento de baja. Los hechos que deberán ser ahora investigados resultan especialmente graves, en cuanto que, detrás del término “accidente de trabajo”, esconden situaciones de acoso.

El caso que mayor recorrido judicial ha tenido hasta el momento es el de la trabajadora de la Guardia Municipal. En sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco hace algo más de un año, se determina que «el acoso fue ejercido por sus jefes o superiores» y se señala también un «comportamiento antijurídico» del Ayuntamiento, dado que, «si hubiese evaluado el riesgo reseñado, (…) habría detectado la situación de hostigamiento continuo y prolongado vivida por la demandante entre 1995 y 2004 y habría adoptado las medidas adecuadas para ponerle fin que, previsiblemente, hubiesen evitado la descompensación psíquica severa e irreversible ocasionada por el citado  comportamiento».

Decidida la creación de esa Comisión de Investigación, los grupos municipales prefieren ser prudentes a la hora de pronunciarse sobre lo sucedido. Así, desde Ezker Batua se señala lo «complicado» del momento actual, en el que toca decidir la composición de ese órgano.

La izquierda abertzale considera también que no es momento de extenderse en declaraciones sobre estos hechos, «de cara a no obstaculizar la labor de la comisión». Esta formación recuerda, aun así, que «en los cuatro casos hay sentencias firmes. No hay duda de que han sucedido. Ahora hay que aclarar si los responsables de esas situaciones han sido técnicos o políticos del Ayuntamiento».

Muy distinto es el punto de vista del grupo municipal del PSE-EE, que considera «innecesaria dicha comisión». Desde este partido se ha afirmado a HIRIAN que «el tema que ocupa ya ha pasado por los correspondientes tribunales, no apreciándose culpa por parte del Ayuntamiento». Al haber planteado otros grupos la creación de esa comisión, «nosotros no hemos querido que parezca que algo quedaría en la sombra o no suficientemente debatido. Por ello hemos apoyado su creación», se afirma desde el partido que ostenta la Alcaldía.

El sindicato ELA, que junto a LAB lleva años de peregrinaje por Inspección de Trabajo, Osalan y tribunales para lograr que se reconocieran los hechos denunciados por las víctimas, entiende que esas afirmaciones por parte del PSE-EE suponen negar la mayor. «Esa culpa del Ayuntamiento está escrita en las sentencias», subrayan David Otegi y Txema Urrutia, este último delegado de Salud Laboral del Ayuntamiento y secretario del citado sindicato en el Comité de Empresa.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
A la agente de la Policía Local afectada los tribunales le han reconocido, además de su incapacidad, un recargo de prestaciones de un 40%, que deberá abonar el Ayuntamiento y que supondrá alrededor de 200.000 euros a las arcas municipales. El Consistorio ha apelado esa sentencia.

Las responsabilidades personales  no han sido dilucidadas ni en ése ni en los restantes casos. «El problema es que en la administración las culpas se diluyen mucho. Ese tipo de sentencias nunca entra a señalar a una persona concreta, con nombres y apellidos, como responsable del acoso. Y las consecuencias económicas las paga todo el pueblo», señalan desde  el sindicato ELA.

Las otras tres víctimas, todas varones, ocupaban altos cargos en el Ayuntamiento de Errenteria. «Cuando uno es jefe, no tiene muchos superiores», hacen ver Otegi y Urrutia, que apuntan que hay que mirar, por tanto,  a altas instancias del Consistorio para buscar a los responsables del mobbing.

Estos tres trabajadores padecen una enfermedad mental, a consecuencia de lo sucedido, y en uno de ellos el acoso derivó, además, en un infarto. Se da la circunstancia de que todas las víctimas eran «personas exquisitas en el trabajo y amantes de la labor que desempeñaban». El acoso se materializó, según los representantes de ELA, a través de un ninguneo, de un descargo de sus funciones y de su firma de poder, «puenteándoles y no permitiéndoles hacer su trabajo, que tanto les gustaba». La agente municipal empezó a sufrir este tipo de situaciones tras declarar en un juicio contra cargos superiores.

David Otegi afirma que la parte sindical considera más graves, si cabe, estos hechos, «porque no apreciamos ningún espíritu de enmienda. No hay, por parte del Ayuntamiento, ningún ánimo de aceptar que algo no se ha hecho bien». Txema Urrutia añade que un inspector de Osalan reconoció a la representación de los trabajadores que «en 25 años de profesión no se había encontrado un caso tan grave como el de Errenteria».

«Se está actuando con total impunidad», se lamentan. Dicen esperar que «de la Comisión de Investigación salga, al menos, un sistema de control que evite que se puedan volver a producir este tipo de situaciones».




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